La secretaria de prensa de uno de los gremios manifestantes, se expresó este martes, en medio de una huelga nacional. La Justicia falló a favor de las universidades públicas.

Tal como estaba previsto, la semana comenzó con medidas de fuerza en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y en el resto de las universidades públicas del país, en el marco de un conflicto que se extiende desde hace varias semanas y que podría intensificarse.

Los gremios docentes ADICUS, SIDUNSJ y UDA llevan adelante un paro de 72 horas, en línea con la convocatoria nacional impulsada por CONADU Histórica y CONADU.

A su vez, este martes se sumaron los trabajadores no docentes con una huelga nacional, lo que genera un fuerte impacto en el funcionamiento general de la universidad, afectando tanto el dictado de clases como las tareas administrativas.

La secretaria de Prensa de ADICUS, Edith Liquitay, confirmó que las medidas forman parte de un “plan de lucha” que se desarrolla a lo largo de cinco semanas. “La posibilidad de una nueva semana de lucha está”, advirtió, dejando abierta la puerta a una profundización del conflicto.

En cuanto al nivel de adhesión, indicó que “el acatamiento promedio ronda el 60%”, aunque aclaró que existen diferencias según las unidades académicas. “Hay carreras donde es muy dispar y hay preuniversitarios que están en un 70% de acatamiento”, precisó. Sobre el Colegio Industrial, detalló: “Hay un 70% de acatamiento en la jornada de hoy”.

Además, remarcó el rol clave del personal no docente en el funcionamiento cotidiano. “Se nota mucho cuando hay ausencia del sector no docente porque están en las secretarías de todos los departamentos, de los decanatos y además en el área administrativa”, explicó.

El eje central del reclamo es la situación salarial. “Nosotros tenemos más de un 50% de pérdida del poder adquisitivo y la verdad que eso se nota”, sostuvo Liquitay en diálogo con diario Huarpe. En ese sentido, advirtió que los problemas en el dictado de clases exceden las medidas de fuerza: “Hubo estudiantes que no tuvieron clases no por paro, sino porque no hay docentes para cubrir esas horas”.

LA JUSTICIA EXIGE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Posterior a esa entrevista, el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). que se había aprobado en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría . Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.

En la misma línea, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

Escucha la entrevista realizada a Edith Liquitay en Radio Alas FM 101.7 y por su canal de YouTube.